Considerando que el acceso a la información puede convertirse en un derecho asegurado por ley, y que la implementación física natural de dicho acceso es la Internet, se anticipa un escenario en que el gobierno tenga el mandato legal de asegurar el acceso, ya sea proveyendo el servicio directamente o vía subvención.Aunque no llegara a ser considerado un derecho constitucional o fundamental, el valor del acceso universal es innegable, su implementación es nuestra responsabilidad como país. Los ejemplos abundan acerca de los efectos que ha tenido el ingreso a la sociedad de la información en algunos países, destacándose el caso de Estonia, hoy potencia tecnológica en la región, en gran parte gracias al acceso gratuito a la 'net para más del 90% de la población (Redcouch/Global Neighbourhoods).
El problema es que la 'net es una amenaza para las compañías que hoy cobran por servicios de telecomunicaciones (las telefónicas). Encargarles via subvención el acceso gratuito a la red mundial suena a poner al gato a cuidar la carnicería. Y dada la experiencia chilena en calidad de servicios Internet, estaríamos hablando de un gato que ya está acostumbrado a comerse la carne, digamos. Los problemas en la calidad y al alto precio por el acceso a Internet en Chile son un antecedente conocido.
También es conocida la dificultad que ha presentado un sistema mixto, donde el estado subvenciona con dinero a un privado para brindar un servicio. El caso de la educación subvencionada, sus perversiones y mala calidad han hecho noticia recientemente. La salud subvencionada también es un problema no resuelto en nuestro país. ¿Podemos confiar en subvencionar la Internet para un acceso básico, o debemos proponer un proveedor estatal de acceso a la net?
Acceso a Internet estatal, una tarea titánica
Implementar un proveedor de acceso estatal desde cero parece una tarea inalcanzable. Para empezar, el costo de planta externa para la última milla (los cables que llegan a los hogares) es inmenso, y las compañías telefónicas probablemente obstaculizarían dicha implementación, acusando al estado de competencia desleal.
También el costo de conectividad internacional es grande (es el costo más grande que actualmente pagan las compañías que dan acceso), y las economías de escala las tienes hoy los privados.
La solución para una sociedad wired, el wireless
La solución casi mágica podría estar en el acceso inalámbrico, cuyo recurso básico -el espectro electromagnético- ya es de todos los chilenos, y eso es clave. Si bien hay en Facebook un grupo que impulsa que haya Wifi gratuita en Chile, dicha tecnología no fue diseñada para atender a grandes cantidades de usuarios, no tiene las economías de escala que tienen las redes 3G (WCDMA/UMTS) o 4G (LTE).
Los problemas de Wimax
Cabe mencionar que Wimax, una tecnología 4G que corre paralela a la evolución GSM-UMTS-LTE, está quedando atrás por problemas de economía de escala y asignación de espectro. Debido a que no puede coexistir con GSM en la misma banda, se implementa en zonas del espectro disímiles en distintos países, aumentando el costo de los equipos y dificultando interoperabilidad y roaming. Wimax ni siquiera usa chips SIM, de manera que no hay certeza de que un usuario pueda cambiar libremente de equipo. En definitiva, es una tecnología que no parece tener mucho futuro, salvo para uso fijo, en reemplazo del ADSL en zonas donde las compañías telefónicas no tienen planta externa, que es como de hecho se está implementando en Chile.
3GSM y 4GSM al rescate
Hoy la promesa original de la Wimax móvil -que nunca se ha implementado comercialmente- ya la está cumpliendo UMTS. Si se asigna más ancho de banda para la implementación de redes UMTS, se puede usar dicha tecnología para darle una conexión móvil a Internet a cada chileno, utilizando ademas equipos terminales que ya están en el mercado. Dicho de otra manera, hoy 3G es la manera más barata y efectiva de hacer ubicua la Internet. Con un poco de voluntad y cooperación entre privados y el estado, podríamos proveer por el aire de Internet gratis a todos los ciudadanos que puedan costearse un equipo terminal 3G, de precio equivalente al de un televisor promedio.
La televisión como modelo de servicio público
Analicemos el caso de la TV como ejemplo. Dado que la TV usa el espectro electromagnético, un recurso público, la empresa que usa la concesión debe de usarla para prestar servicio público, abierto a todos los ciudadanos.
Actualmente, los proveedores de servicios de telecomunicaciones móviles reciben concesiones de parte del estado para explotar segmentos del espectro. Sin dicho recurso fundamental, no podrían -bajo las leyes actualmente conocidas de la física- ofrecer servicio alguno. Sin entrar en detalles acerca de la transparencia y regulación de dichas concesiones, el modelo actual es que dichos proveedores pagan algo por usar dicho espectro.
El espectro electromagnético, recurso público fundamental
En Estados Unidos y Europa las licitaciones por espectro para redes 3G han llegado a números bastante altos, llegándose a cuestionar incluso la sustentabilidad de los servicios 3G. Pero la tendencia mundial hacia la miniaturización, movilidad y acceso ubicuo parecen justificar el valor de dicho espectro.
Hoy las compañías de telefonía móvil están llegando al tope de su capacidad. Hace poco Chile pasó de tener un teléfono móvil por ciudadano, y las compañías necesitan con urgencia acceder a más espectro, no sólo para mejorar la calidad de su servicio actual, también para poder masificar servicios de mayor ancho de banda como videoconferencias y acceso a la Internet de alta velocidad. Hoy Clarochile por ejemplo -concesiaria del iPhone de Apple- necesita desesperadamente espectro para atender a la clientela que espera tener en un mediano plazo.
La clave: reemplazar el impuesto por el servicio.
¿Qué tal si en vez de pagar con dinero, simplemente pagan con entregar acceso gratuito?
Me parecería natural que tengamos un servicio gratuito, puesto que el espectro ya nos pertenece a todos. En el caso de servicios que usan recursos totalmente privados, por ejemplo la TV por cable y la telefonía tradicional, es diferente. Pero los servicios inalámbricos deberían ser como la TV, siempre algo para la comunidad, ya que el recurso nos pertenece a todos.
Pienso que sería mucho más barato para el estado invertir en control de calidad que invertir (y duplicar) infraestructura 3G o 4G para dar acceso directamente, de manera similar a como es mejor negocio para las mismas compañías compartir infraestructura celular y colocar sus centrales inalámbricas en antenas compartidas
El nuevo espectro
Veamos: actualmente en Chile se utilizan segmentos en 850 MHz y 1.9 GHz para servicios de telefonía y datos móviles (predominantemente GSM en 1900 MHz y UMTS en 850 MHz). Adicionalmente se puede implementar WCDMA en 700 MHz, pero está por verse si esa banda será ocupada para TV digital.
Además de que las empresas necesitan más espectro para los nuevos servicios, el uso que están haciendo hoy podría ser de dudosa legalidad, ya que el espectro les fue asignado para servicios de voz, no para servicios de datos.
Imaginemos el siguiente escenario: se le entrega a cuatro compañías la posibilidad de usar segmentos en bandas de 900 MHz, 1.7 GHz, 1.8 MHz y 2.1 Ghz, y se regulariza su uso actual de los segmentos de 850 MHz y 1.9 GHz para datos. Pero en vez de cobrarle una millonada por explotar los nuevos segmentos, se entrega a cada chileno un chip con acceso básico gratuito a la red IP (ejemplo: 768 Kbits/seg. de downstream y 192 Kbits/seg. de upstream), posiblemente con filtros para evitar congestionar el ancho de banda con tráfico peer-to-peer y dejar fuera contenidos para adultos, asegurando un servicio apto para toda la familia.
Dicho acceso también podría proveer sistemas de alertas tempranas, servicios de voz y geolocalización para emergencias. La misma infraestructura podría además entregar un sistema unificado de comunicaciones para servicios de seguridad pública, defensa civil, respuesta a desastres naturales, etc.
Mientras, existiría el incentivo para que las empresas de telecomunicaciones -usando el mismo chip- ofrezcan telefonía estándar de voz y número, SMS, mayor ancho de banda y sin filtros, videoconferencia, descargas de música y cine, en esquema de pre-pago o con contratos de post-pago.
El país gana acceso universal a la 'net, los proveedores ganan espectro y reducción de costos, acceso a millones de clientes para fidelizar y un marco coherente para operar y competir con servicios de valor agregado, como dicen los gringos: win-win.
Plataforma segura para la ciudadanía digital
De paso, dado el alto nivel de seguridad de los chips GSM/UMTS y combinando con reconocimiento de voz, se podrían implementar servicios públicos que hoy requieren certificado digital: incluyendo pagos, gestión de impuestos, licitación de servicios y votaciones. Ello permitiría votación en tiempo real por parte de cualquier ciudadano, para materias en las cuales hasta ahora sólo se había podido usar representatividad, como es el caso de poder legislativo. También sería una evolución natural como sistema nacional de pago electrónico, algo así como la tarjeta Bip versión 2.0.
Sustento para un computador por niño
Hoy la informática educativa no se puede escindir del acceso 'net. Conectar con la colaboración cercana y lejana, las enciclopedias en línea y el creciente cúmulo de conocimientos que la humanidad está colocando en la red, es fundamental para darle valor al terminal que pongamos en manos de cada estudiante. Iniciativas como UCPN, independiente de otras ideas como las redes mesh, necesitan resolver el tema de la conectividad universal y esta puede ser una pieza importante del rompecabezas.
Regulación estatal y ciudadana
Si bien la misma compañía estaría "cuidando la carnicería", el estado podría monitorear el servicio básico. Pero no sólo se multaría o retiraría la concesión a las compañías que no cumplan, la calidad del acceso básico sería la mejor publicidad para cada compañía, el incentivo para que los ciudadanos contraten sus servicios de valor agregado, a precios razonables ya que competirían con gratis.
Naturalmente, habría que normar límites y neutralidades en el servicio básico y portabilidad de números, sin embargo una fórmula como la que he descrito parece sencilla de implementar, no requiere grandes cambios normativos, abre una vía rápida para una Internet realmente pública y establece un marco que reduciría los costos de implementar nuevos servicios.
Articulo extraído de: canal.cl
